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Colombia: ¿El fin de un ciclo de derramamiento de sangre?

El 24 de agosto del 2016, el Gobierno de Colombia y el grupo guerrillero Farc-EP firmaron un Acuerdo Final, concluyendo por lo menos 4 años de negociaciones de paz, que a su vez podrían terminar el conflicto armado colombiano de alrededor de 52 años. El público colombiano ahora debe votar en un plebiscito si está o no a favor del Acuerdo Final para que éste pueda ser puesto en efecto, y funcione como un tratado de paz unificador. El acuerdo contiene una agenda de 6 puntos consistentes en varios componentes para la resolución del conflicto. El quinto punto se refiere a las víctimas y a los cuatro derechos que tienen: verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. El componente de justicia trata de balancear las justicias retributiva y restaurativa, frecuentemente en tensión entre ellas dentro del marco de justicia transicional.

La humanidad ha luchado con estos tres tipos de justicia desde por lo menos Grecia Antigua. En 458 a.C. la trilogía La Orestíada de Esquilo, que retrata como las justicias retributiva y restaurativa pueden entrar en conflicto, ganó el primer lugar en el festival de Dionysos. Las primeras dos obras retratan los asesinatos retributivos de Agamenón y Clitemnestra; Clitemnestra mata a Agamenón porque él sacrificó a su hija Ifigenia, y Orestes mata a su madre Clitemnestra porque ella asesinó a su padre Agamenón. Las Furias, diosas femeninas de la venganza, influencian a todos los miembros de esta familia a matar. Pero en la obra final, Atena cambia el sistema de justicia para garantizar un fin a lo que habría terminado siendo un ciclo de matanzas. Las Furias se convierten en las Semnai, o Diosas Amigables, por favorecer la misericordia por encima de la dureza. [2]

De manera similar  a lo que ocurre en La Orestíada, el propuesto tratado de paz colombiano ratifica un sistema de justicia que reduce la severidad de la sentencia retributiva para asegurar el cumplimiento de los otros derechos de las víctimas (verdad, reparación y garantías de no repetición), terminando de este modo un ciclo de matanzas que ha marcado el conflicto armado colombiano.

¿Por qué le debería importar a un público internacional lo que está pasando en Colombia? La historiadora Martha Bello dijo que la sociedad colombiana: debe ‘‘buscar que lo ocurrido llegue a los oídos de una sociedad que muchas veces desconoce, ignora, justifica o naturaliza su tragedia’’. [3] Esto aplica al resto del mundo, de todas maneras. Si la gente de otros países escucha las historias de los demás seres humanos, sin importar de dónde vengan, pueden no solamente encontrarse rechazando estereotipos de extranjeros, sino también pueden ver sus actitudes y creencias reflejadas en la historia de otro país. Después de todo, pueden darse cuenta de cuáles son sus verdaderas opiniones frente a la guerra, la justicia y la paz.

En este artículo, esbozo los marcos históricos y teóricos de justicia que influenciaron este Acuerdo, luego doy un breve recuento de la historia del conflicto armado colombiano desde la insurgencia de las Farc hasta el presente. Continúo dando una descripción a fondo de uno de los seis puntos discutidos en la agenda: el Acuerdo de Víctimas, para poder mostrar como el marco teórico de justicia que esbocé impactó la Jurisdicción Especial que determinará las sentencias de los perpetradores de crímenes graves. Finalmente, esbozo argumentos contra el componente de Justicia del Acuerdo Final que ha sido dado por organismos locales e internacionales y luego los contraataco.

 

Las diferentes caras de la justicia

            Aunque una definición general de justicia puede incluir nociones como ‘‘balance’’ o ‘‘equidad’’,  distintas concepciones de justicia han surgido en diferentes épocas y lugares para satisfacer los contextos culturales y políticos de una sociedad. La jurisdicción desarrollada para juzgar a los perpetradores de crímenes graves durante el conflicto armado colombiano busca un balance entre tres formas de justicia: retributiva, restaurativa y transicional.

La justicia retributiva afirma: 1) Todos los que cometen actos malos, como crímenes serios, ‘‘merecen moralmente sufrir un castigo proporcional’’. 2) Es intrínsecamente bueno moralmente (bueno en sí mismo) si un castigador legítimo les da un castigo que merecen. 3) Es moralmente inadmisible castigar intencionalmente al inocente o infligir grandes castigos desproporcionadamente en malhechores.’’ [4] La retribución, la ‘‘dosificación de un castigo a la culpabilidad del malhechor’’, ha sido confundida con la represalia, la ‘‘dosificación de un castigo según la cantidad de daño resultante.’’ [5] La retribución y la represalia pueden tener ‘‘implicaciones diametralmente opuestas para el nivel adecuado de castigo.’’[6] Una persona cuya conducta es reprobable puede no haber causado daño, aunque puede merecer un castigo retributivo. [7] La conducta de una persona puede resultar accidentalmente en un gran daño a pesar de no haber hecho nada malo, y aun así esta persona puede ser merecedora de un castigo de represalia.[8]

La justicia restaurativa surgió de una profunda insatisfacción con los sistemas tradicionales de justicia criminal, y como una alternativa a la justicia retributiva. La justicia restaurativa ‘‘enfatiza la necesidad de comprender el crimen o el daño hecho en términos de los actores sociales involucrados o afectados: delincuentes/victimarios, víctimas y comunidades. Para restaurar el daño hecho, los intereses y las necesidades de los tres deben ser abordados.’’ [9]

Según el científico social Jon Elster, la justicia transicional consiste en ‘‘los procesos de juicios, purgas, y reparaciones que tienen lugar después de la transición de un régimen político a otro.’’[10] Su objetivo es ‘‘la transición de una sociedad divida por el caos, la ilegalidad y las injusticias del pasado a una en la cual la democracia y el principio de derecho sean los principales y vinculantes principios de la estabilidad.’’[11] Las prácticas de la justicia transicional son presentemente afectadas por una ‘‘mezcla de actores locales, gobiernos nacionales, las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, los donantes bilaterales, y las organizaciones no-gubernamentales nacionales e internacionales.’’ [12]

La justicia restaurativa y la justicia retributiva son compatibles. Según los académicos legales García-Godos y Lekha Sriram: ‘‘los procesos retributivos y restaurativos no están idealmente en oposición ni son alternativos el uno al otro, sino son más bien elementos de un acercamiento más coherente y sostenible hacia la justicia transicional y la construcción de paz.’’[13] En los marcos de justicia transicional, tanto las medidas de justicia retributiva como las de justicia restaurativa pueden estar presentes siempre y cuando ambas garanticen una transición exitosa de un orden político a otro. El Tratado de Paz de Colombia ha ratificado el marco de justicia transicional que mina la dureza de la sentencia retributiva para asegurar el cumplimiento de los derechos de las víctimas (verdad, reparación y garantías de no repetición), y para asegurar la desmovilización de las Farc, un grupo guerrillero que no fue vencido después de alrededor de 52 años de conflicto armado. Voy a dar un recuento histórico del Conflicto Armado Colombiano para explicar por qué estas guerrillas no fueron vencidas y para destacar los eventos que llevaron a las presentes negociaciones de paz.

 

Una historia del conflicto armado colombiano

Después de La Violencia (aproximadamente entre 1948 y 1957), los partidos Liberal y Conservador acordaron en 1957 compartir el poder por 16 años. La coalición resultó en un régimen llamado el Frente Nacional. Sin embargo, pronto hubo una insurgencia de parte de grupos guerrilleros de izquierda que no fueron adecuadamente representados por el Frente Nacional y que estaban insatisfechos con el fracaso del Frente ante la reforma de la tenencia de tierras en Colombia. [14] Los orígenes exactos de las Farc, el grupo guerrillero más grande y viejo, son turbios. El evento que parece haber acelerado su emergencia fue el ataque a Marquetalia en mayo de 1964.[15] Las Farc reclamaron que el Gobierno cometió este ataque contra la población campesina y entonces enmarcaron su campaña militar como una de ‘‘autodefensa legítima’’, invocando el ‘‘derecho a la rebelión’’. [16] Según algunos de los generales que participaron en esta operación, sin embargo, el ataque a Marquetalia tuvo lugar después del comienzo de la lucha contra las Farc, que según ellos emergieron en 1963. [17] No obstante, es claro que el nacimiento de las Farc estaba conectado a problemas de desigualdad socio-económicos que el Frente Nacional no pudo resolver.

Entre 1982 y 1995, la expansión de las guerrillas, la propagación del narcotráfico y la erupción de grupos paramilitares aumentaron la violencia en Colombia. [18] El origen de los grupos paramilitares está conectado a leyes de 1965 que le permitían a los terratenientes tener seguridad privada. [19] Los grupos paramilitares modernos surgieron a comienzos de los años 90, sin embargo, después de que una nueva ley permitiera la creación de grupos de autodefensa para contraatacar a las guerrillas de izquierda, entre ellas las Farc. [20] Fueron patrocinados no solo por terratenientes, sino también por las élites de negocios, partes de las fuerzas de seguridad y narcotraficantes. [21] Posteriormente, organizados bajo el nombre Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se convirtieron en uno de los actores más violentos del conflicto armado colombiano.[22] A pesar de sus orígenes divergentes y su oposición, tanto las Farc como los  paramilitares han contribuido a la violencia y al terror en las áreas rurales del país. Las milicias paramilitares, sin embargo, han sido desproporcionadamente más responsables de los asesinatos selectivos y las masacres, aunque ambos grupos han ejecutado estas acciones. [23] En últimas, ambos lados han cometido crímenes graves contra civiles y han participado en narcotráfico, lo que los hace a ambos sujetos a cargos criminales bajo estándares internacionales.

Los ex-presidentes Belisario Betancur (1982-86), Virgilio Barco (1986-90), César Gaviria (1990-94) y Ernesto Samper (1994-98) fallaron en sus intentos de negociaciones de paz con las Farc. El presidente Andrés Pastrana (1998-2002) también fue elegido a través de una plataforma de negociación de paz, pero bajo su gobierno, las Farc utilizaron los secuestros para negociar la liberación de guerrilleros encarcelados y para extorsionar a familias adineradas. [24] En conjunto, las Farc, junto con otras guerrillas, terminaron cometiendo más secuestros que las milicias paramilitares. [25] Los secuestros de las Farc llevaron a la sociedad colombiana, hasta ese momento a favor de las negociaciones de paz, a apoyar una solución militar frente al conflicto armado colombiano.[26] El resultado fue la elección de Álvaro Uribe Vélez en mayo del 2002, que hizo su campaña con una plataforma que prometía la derrota militar de las guerrillas. [27]

El gobierno de Uribe intentó negociaciones tanto con las AUC como con las guerrillas. Las negociaciones con las AUC llevaron a un declive marcado en la tasa de masacres y homicidios debido a la desmovilización de sus principales líderes, pero no lograron ‘‘resultados permanentes’’ dadas la ‘‘heterogeneidad interna’’ y la ‘‘falta de consenso’’ dentro del grupo. [28]  En contraste con las negociaciones con los paramilitares, Uribe logró poco con las guerrillas. Aunque Uribe exigió un cese al fuego como un pre-requisito a las negociaciones, las Farc solicitaron una zona desmilitarizada donde pudieran concentrar a sus combatientes. Los intentos de Uribe de volver a tomar el territorio de las Farc, por otro lado, desencadenaron la más grande ofensiva, política, militar y jurídica contra las guerrillas en la historia del conflicto armado colombiano. [29]  Si bien esta ofensiva resultó en el ejército retomando el control de las regiones más integradas política y económicamente, y reduciendo drásticamente la capacidad militar de las guerrillas, tuvo altos costos que tuvieron peso tanto en los impuestos de los colombianos como en las vidas de civiles inocentes. [30] Además, el gobierno de Uribe puso presiones e incentivos en el ejército que llevaron a 2.701 víctimas de casos de ‘‘falsos positivos’’, en los cuales los soldados asesinaron a jóvenes  y los vistieron de miembros de las Farc para afectar las estadísticas. [31] En últimas, la ofensiva de Uribe contra las Farc no eliminó a las guerrillas, que se adaptaron a la dinámica cada vez más asimétrica del conflicto.

En agosto del 2010, Juan Manuel Santos, el ministro de Defensa de Uribe, fue elegido presidente. Como Uribe no había logrado exterminar a las Farc, Santos empezó una fase exploratoria de negociaciones de paz con ellos, [32] quienes probablemente estuvieron de acuerdo con las negociaciones, dada su impopularidad entre la población colombiana. Incluso liberaron unilateralmente a todos los secuestrados y declararon públicamente en febrero del 2012 que iban a abstenerse del secuestro extorsivo. [33] Entre el 23 de febrero y el 26 de del 2012, las Farc y el gobierno de Santos llevaron a cabo un Encuentro Exploratorio y el 26 de agosto firmaron el documento Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, terminando la primera fase de negociaciones. [34] Durante una segunda ronda de negociaciones de paz en La Habana, Cuba, el Gobierno y las Farc desarrollaron una agenda de seis puntos que se convirtió en el Acuerdo Final  firmado el 24 de agosto del 2016.

 

Las tres sanciones del componente de justicia

            Cuando los negociadores colombianos estaban desarrollando un marco de justicia transicional, debían tener en cuenta el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) de 1998. El Estatuto prohíbe la impunidad ‘‘en el sentido limitado de llevar a los perpetradores a juicio’’ para los perpetradores de crímenes no-amnistiables: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. [35] La CPI puede convocar a juicio a cualquier país que le proveyó una amnistía a un perpetrador de estos crímenes después del 1 de julio del 2002, siempre y cuando el país haya firmado el Estatuto, lo cual Colombia ha hecho. [36] Tanto el Gobierno como las Farc nombraron cada uno a tres especialistas en leyes y derechos humanos para escribir el ‘‘Acuerdo de Víctimas’’, el quinto punto en la agenda. Al escribir este documento, los seis especialistas debían asegurar que el Acuerdo fuera, no solamente compatible con la prohibición de impunidad del Estatuto de Roma, sino también respetuoso de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Dada la  magnitud del conflicto armado colombiano y la inhabilidad del país de derrotar militarmente a las Farc, estos especialistas desarrollaron un marco de justicia transicional que les permitiría a ciertos actores armados del conflicto volverse civiles. Esto resultó en el ‘‘Acuerdo de Víctimas’’, que introdujo la ‘‘Jurisdicción Especial para la Paz’’, un documento legal que propone un protocolo para la sentencia de perpetradores de crímenes no-amnistiables. La ‘‘Jurisdicción Especial’’ va a perdonar los crímenes amnistiables (por ejemplo, el robo del uniforme de un miembro del ejército) al no imponer ninguna sanción, siempre y cuando los perpetradores digan la verdad y asuman responsabilidad [37]. Los crímenes amnistiables son perdonables bajo la ley internacional. Para impedir cargos de impunidad de la CPI por crímenes no-amnistiables; sin embargo, estos especialistas desarrollaron tres sanciones diferentes, todas conteniendo componentes punitivos, aunque dos de las sanciones sean principalmente retributivas aun cuando una sea principalmente restaurativa:

Las Sanciones Propias del Sistema (Sanciones Propias) van a ser aplicables a todo aquel que provea reportes exhaustivos y detallados de la verdad en la Sala para el Reconocimiento de la Verdad y Responsabilidades antes de que comience su proceso, a fin de que las víctimas puedan tener acceso a su derecho a la verdad. Aunque estas sanciones mantengan un elemento punitivo, ‘‘restricciones de libertades y derechos, tales como el derecho de residencia y movimiento’’ para perpetradores, van a tener principalmente un ‘‘contenido restaurativo y reparador.’’ [38] En efecto, los perpetradores que reciban estas sanciones van a tener que reparar los daños que infligieron haciendo cosas como erradicando restos de explosivos de guerra y minas antipersonales. [39]

Las Sanciones Alternativas van a ser aplicables a todo aquel que solamente reconozca verdad y asuma responsabilidad después de los que reciban las Sanciones Propias. Estas sanciones son retributivas, un llamado de 5 a 8 años de cárcel. [40]

Las Sanciones Ordinarias van a ser aplicables a todos los que no reconozcan verdad y responsabilidad frente al Tribunal de la Paz y que sean declarados culpables por éste. Estas sanciones cumplen con los requisitos del Código Penal. La privación de la libertad no va a ser inferior a 15 años o superior a 20 ‘‘en casos de graves infracciones o violaciones’’. [41]

 

Oposición local e internacional

          Aunque las Sanciones Propias están destinadas a hacer más fácil para las víctimas acceder a la verdad, la reparación, y las garantías de no repetición, organismos locales y internacionales han tenido problema con estas sanciones. En efecto, los perpetradores de crímenes no-amnistiables que reciban una Sanción Propia no tendrán que ir a la cárcel y podrán postularse para un cargo público antes del fin de sus sentencias. Grupos locales e internacionales oponen las Sanciones Propias porque creen que los perpetradores de crímenes no-amnistiables deben recibir un castigo que sea proporcional a la culpabilidad de sus acciones, y consideran que las Sanciones Propias no son proporcionales. (Amnesty Internacional también clama que los acuerdos parecen no alcanzar los estándares de ley internacional frente a los derechos de la víctima a la verdad y la reparación). [42]

 

Oposición local

            Una de las fuentes principales de oposición local al Tratado de Paz viene del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y de su partido, Centro Democrático. Uribe tiene muchos problemas con el Acuerdo Final y ha proveído varios argumentos en contra de éste. Uribe y su partido se han juntado alrededor de la demanda por una ‘‘paz justa’’ o ‘‘paz sin impunidad’’. [43] Aunque los perpetradores que reciban Sanciones Propias no van a tener que ir a la cárcel, a pesar del hecho de que su libertad y movimiento van a ser restringidos, Uribe y su partido no piensan que la Sanción Propia castigue adecuadamente a estos perpetradores y eso lleva a la impunidad. Además, Uribe desaprueba el hecho de que estos perpetradores vayan a tener la posibilidad de ser elegidos a cargos públicos mientras que estén sirviendo sus sentencias. [44]

La posición de Uribe es paradójica porque en el 2003 propuso un proyecto de ley, la ‘‘Ley de Penas Alternativas’’, que le habría proveído la amnistía a todos los actores armados desmovilizados. Sus argumentos eran restaurativos; era acertado que el castigo criminal no contribuiría a la reconciliación. [45] En este mismo año, Uribe no opuso la elegibilidad política de los perpetradores de crímenes no-amnistiables que se desmovilizaron y sugirió que podrían ser directamente nombrados en cargos públicos. [46] Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, organizaciones de víctimas y algunos grupos políticos criticaron el proyecto de ley del 2003, y el Congreso lo rechazó. Después del rechazo del Congreso, Uribe propuso la ley 975 del 2005, que eventualmente facilitó la desmovilización de los grupos paramilitares. [47] No fue a causa de Uribe que el proyecto de ley original haya cambiado para incluir sanciones que prevenían la impunidad.[48] Fueron más bien oponentes del proyecto de ley del 2003 los que forzaron a Uribe a incorporar elementos retributivos en la ley 975 del 2005, volviendo su presente posición paradójica, y por consiguiente invalida.

¿Prohíbe la ley 975 del 2005 algo como la Sanción Propia en el Acuerdo Final con las Farc? La ley 975 impone una sanción alternativa de 5 a 8 años de prisión en grupos paramilitares desmovilizados que cometieron graves crímenes pero que confiesen sus crímenes y contribuyan a la reparación de las víctimas. A pesar de lo que la ley 975 requiere, las Sanciones Propias que la Jurisdicción va a imponer en perpetradores de crímenes no-amnistiables no requerirán que estos perpetradores sirvan tiempo de cárcel. Como no requieren el encarcelamiento, ¿son las Sanciones Propias equivalentes a la impunidad? Aun si los benefactores de las Sanciones Propias no vayan a ir a la cárcel, van aun así recibir un castigo: la restricción de libertad y movimiento durante el tiempo de acciones restaurativas. Las Sanciones Propias, aunque principalmente restaurativas, van aun así contener un castigo, y por consiguiente no son equivalentes a la impunidad.

Oposición internacional

            Amnistía Internacional y Human Rights Watch cuestionan si las Sanciones Propias van a ser lo suficientemente retributivas bajo la ley internacional. La posición de Amnistía Internacional es de represalia, pues claman que la justicia no les será servida a los perpetradores de crímenes no-amnistiables que reciban Sanciones Propias porque estas Sanciones no son proporcionales a la severidad de los crímenes que cometieron. [49] La posición de Human Rights Watch es tanto retributiva como de represalia. Su posición es retributiva cuando claman que las Sanciones del Acuerdo del 15 de diciembre del 2015 ‘‘no reflejan los estándares aceptados de castigo proporcional a violaciones graves’’, haciendo ‘‘imposible que Colombia cumpla sus obligaciones vinculantes bajo la ley internacional para asegurar responsabilidad por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.’’[50] Toman una posición de represalia cuando claman que ‘‘Colombia tiene una obligación bajo la ley internacional de proveer castigo para violaciones de derechos humanos y serias violaciones de las leyes de guerra que sean proporcionales a la gravedad de los crímenes.’’[51] Creen que el encarcelamiento es un castigo que es proporcional tanto a la gravedad de crímenes de lesa humanidad y de guerra como a la culpabilidad del perpetrador. Según ello, una falta de encarcelamiento es equivalente a la falta de un elemento punitivo en las Sanciones Propias, lo cual Amnistía Internacional también sugiere.

Es cierto que el ‘‘Acuerdo de Víctimas’’ no provee castigos retributivos o represalia para el perpetrador de crímenes no-amnistiables que reciba una Sanción Propia, pero una reducción de la punitividad no es la ausencia del castigo. Como la impunidad se refiere a la ‘‘exención de castigo’’ o a la ‘‘inmunidad de los efectos perjudiciales de las acciones de uno’’, y como las Sanciones Propias van aun así a tener un elemento punitivo en ellas (restricciones de libertad y movimiento), esas Sanciones Propias no son compatibles con la impunidad. [52] Las concesiones bajo la forma de Sanciones Propias que la Jurisdicción Especial de la Paz le proveen a perpetradores de crímenes no-amnistiables que declaren la verdad y asuman responsabilidad no son amnistías generales, y por consiguiente son compatibles con los estándares de la CPI.

Amnistía International y Human  Rights Watch ambos invocan el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) cuando critican la Sanción Propia. Aun así la CPI sólo tiene la intención de complementar las jurisdicciones criminales nacionales. En otras palabras, la CPI ejercerá su jurisdicción sobre perpetradores de crímenes no-amnistiables únicamente cuando las jurisdicciones criminales naciones no lo hagan. [53] Además, la CPI clama que, en referencia a su persecución de perpetradores de crímenes no-amnistiables, ‘‘nada (…) deberá afectar la responsabilidad del Gobierno de mantener o re-establecer la ley y el orden en el Estatuto o a defender la unidad e integridad territorial del Estado, por todos los medios legítimos.’’[54] Encima de esto, el 1 de septiembre del 2016, Fatou Bensouda, una fiscal de la CPI, publicó la siguiente declaración: ‘‘Doy la bienvenida al Acuerdo Final de Paz como un paso crítico hacia la terminación de este prolongado conflicto.’’[55] Bensouda afirma que la ‘‘importancia de la genuina rendición de cuentas – que por definición incluye el castigo efectivo – en alimentar una paz sostenible no puede ser sobre-enfatizada’’ y clama que ‘‘el texto final del Acuerdo de Paz excluye las amnistías y los indultos para crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra bajo el Estatuto de Roma.’’[56] La declaración de Bensouda comprueba que ninguna de las tres sanciones en el Acuerdo Final provee impunidad, de este modo desacreditando las posiciones retributivas y de represalia tanto de Human Rights Watch como de Amnistía Internacional.

Finalmente, los proponentes de una forma de castigo retributivo o de represalia deben   recordar que el conflicto armado colombiano ha durado más de 52 años. Dada su historia, el marco de justicia transicional con un énfasis más fuerte en la justicia restaurativa, en lugar de la retributiva, fue elegido porque la justicia transicional es ‘‘una justicia creada en un Estado para ayudar a superar las sistemáticas y prolongadas violaciones de derechos humanos que la justicia ordinaria no pudo superar.’’[57] Además, el Tratado de Paz tiene la intención de asegurar la completa desmovilización de las Farc, un grupo guerrillero que no ha sido vencido después de más de 52 años. Según Jemima García-Godos y Chandra Lekha Sriram: ‘‘Puede ser necesario buscar un compromiso que balancee las demandas de justicia con la necesidad del DDR (desarme, desmovilización, y reintegración de los combatientes).’’ [58] Como la garantía de no repetición es imperativa, algunas concesiones pueden ser necesarias, implicando reducir la punibilidad en la sanción de los perpetradores de crímenes no-amnistiables que declaren verdad y asuman responsabilidad.

 

Conclusión

            Al final de La Orestíada, las Furias deben hacer concesiones y aceptar el veredicto que absuelve a Orestes del asesinato de su madre con la esperanza de prevenir un ciclo sin fin de derramamiento de sangre. Similarmente en Colombia, el Gobierno ha tenido que hacer concesiones en cuanto a la intensidad de los castigos dentro del marco de justicia transicional para asegurar una paz duradera. La siguiente pregunta, que ha desconcertado tanto a los antiguos griegos como a los colombianos, le queda ahora a los lectores: ¿Debe ser siempre un castigo retributivo aplicado categóricamente a los perpetradores de crímenes graves en un conflicto armado, o debemos permitir la reducción en el castigo o la eliminación de la justicia retributiva siempre y cuando esto pueda garantizar una paz duradera que le asegure a las víctimas tener acceso a otros derechos, como la verdad y la reparación?

 

El plebiscito próximo

            El plebiscito tendrá lugar el 2 de octubre del 2016 para los ciudadanos colombianos. Los colombianos que viven  fuera del país podrán votar siempre y cuando tengan registrada su cédula de ciudadanía en la embajada o el consulado colombiano de la ciudad en la que estén.[59] El país está divido sobre su apoyo al ‘‘Acuerdo Final’’. El presidente Santos, quien hizo su campaña de reelección promoviendo un acuerdo de paz, ganó con apenas el 50.95% de los votos (el otro candidato, Oscar Iván Zuluaga, obtuvo el 45%). [60] Además, el 17 de agosto del 2016, 32.3% de los encuestados dijeron que votarían ‘‘sí’’ en el Plebiscito, 29.1% votarán ‘‘no’’, 26.9% se abstendrán de votar y el 9.9% están presentemente indecisos. [61]

 

Notas de Pie de Página

[1] Jon Elster. Closing the Books: Transitional Justice in Historical Perspective. (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2004), 3.

[2] Aeschylus. The Oresteian Trilogy. (Toronto, Canada: The Penguin Group, 1959), 181.

[3] GMH. ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. (Bogotá, Colombia: Imprenta Nacional, 2013), 19.

[4] Alec Walen. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Summer 2015 ed., s. v. “Retributive Justice”. Stanford: The Metaphysics Research Lab, 2015.http://plato.stanford.edu/archives/sum2015/entries/justice-retributive/.

[5] Garner’s Dictionary of Legal Usage, 3rd ed. s. v. “Retribution.”

[6] Ibid.

[7] Ibid.

[8] Ibid.

[9]  Jemima García-Godos and Chandra Lekha Sriram. “Introduction.” In Transitional Justice and Peacebuilding on the Ground: Victims and ex-combatants, edited by Chandra Lekha Sriram, Jemima García-Godos, Johanna Herman and Olga Martin-Ortega, 1-19. (New York, NY: Routledge, 2013), 6.

[10] Jon Elster. Closing the Books: Transitional Justice in Historical Perspective. (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2004), 1.

[11] Chrisje Brants. “Introduction.” In Transitional Justice: Images and Memories, edited by Chrisje Brants, Antoine Hol and Dina Siegel, 1-12. (Burlington, VT: Ashgate Publishing Company, 2013), 3.

[12] Jemima García-Godos and Chandra Lekha Sriram. “Introduction.” In Transitional Justice and Peacebuilding on the Ground: Victims and ex-combatants, edited by Chandra Lekha Sriram, Jemima García-Godos, Johanna Herman and Olga Martin-Ortega, 1-19. (New York, NY: Routledge, 2013), 2.

[13] Ibid., 7.

[14] GMH. ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. (Bogotá, Colombia: Imprenta Nacional, 2013), 112.

[15] Ibid., 121.

[16] International Crisis Group. On Thinner Ice: The Final Phase of Colombia’s Peace Talks. Briefing no. 32 (2015): 10-1, accessed September 5, 2016,https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/b32-on-thinner-ice-the-final-phase-of-colombia-s-peace-talks.pdf.

[17] GMH. ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. (Bogotá, Colombia: Imprenta Nacional, 2013), 121.

[18] Ibid., 33.

[19] Jemima García-Godos. “Colombia: Accountability and DDR in the pursuit of peace?.” In Transitional Justice and Peacebuilding on the Ground: Victims and ex-combatants, edited by Chandra Lekha Sriram, Jemima García-Godos, Johanna Herman and Olga Martin-Ortega, 219-33. (New York, NY: Routledge, 2013), 220.

[20] Ibid., 221.

[21]  International Crisis Group. Transitional Justice and Colombia’s Peace Talks. Report no. 49 (2013): 20-1, accessed September 5, 2016,https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/transitional-justice-and-colombia-s-peace-talks.pdf.

[22] Jemima García-Godos. “Colombia: Accountability and DDR in the pursuit of peace?.” In Transitional Justice and Peacebuilding on the Ground: Victims and ex-combatants, edited by Chandra Lekha Sriram, Jemima García-Godos, Johanna Herman and Olga Martin-Ortega, 219-33. (New York, NY: Routledge, 2013), 221.

[23] GMH. ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. (Bogotá, Colombia: Imprenta Nacional, 2013), 43-7.

[24] Ibid., 68.

[25] Ibid., 65.

[26] GMH. ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. (Bogotá, Colombia: Imprenta Nacional, 2013), 68.

[27] Maria José Guembe and Helena Olea. “No Justice, No Peace: Discussion of a Legal Framework regarding the Demobilization of Non-state Armed Groups in Colombia.” In Transitional Justice in the Twenty-first Century: Beyond Truth versus Justice, edited by Naomi Roht-Arriaza and Javier Mariezcurrena, 120-42. (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2006), 124.

[28] GMH. ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. (Bogotá, Colombia: Imprenta Nacional, 2013), 68.

[29] Ibid., 178-80.

[30] Ibid., 179.

[31] Ibid., 178.

[32] Ibid., 179.

[33] Ibid., 182.

[34] Gobierno de Colombia. “Mesa de conversaciones con las FARC-EP.” Alto Comisionado Para la Paz. http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Paginas/mesa-de-conversaciones-con-las-farc-ep.aspx. (Accessed 5 September, 2015).

[35] Rome Statute of the International Criminal Court. (2002): 1. https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf.

[36] Naomi Roht-Arriaza. “The new landscape of transitional justice.” In Transitional Justice in the Twenty-first Century: Beyond Truth versus Justice, edited by Naomi Roht-Arriaza and Javier Mariezcurrena, 1-16. Cambridge, (UK: Cambridge University Press, 2006), 7.

[37] Acuerdo Final Para La Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. August 24, 2016: 258. http://www.eltiempo.com/contenido/politica/proceso-de-paz/ARCHIVO/ARCHIVO-16682558-0.pdf.

[38] Ibid., 152.

[39] Ibid.,153-4.

[40] Ibid., 154.

[41] Ibid.,155.

[42] Amnesty International. COLOMBIA 2015/2016. (2016): 122-27, accessed September 5, 2016, https://www.amnesty.org/en/countries/americas/colombia/report-colombia/.

[43]  International Crisis Group. Transitional Justice and Colombia’s Peace Talks. Report no. 49 (2015): 14, accessed September 5, 2016,https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/transitional-justice-and-colombia-s-peace-talks.pdf.

[44] Rodrigo Uprimny. “Paz y elegibilidad política.” El Espectador, August 20, 2016, accessed September 5, 2016, http://www.elespectador.com/opinion/paz-y-elegibilidad-politica.

[45] Jemima García-Godos. “Colombia: Accountability and DDR in the pursuit of peace?.” In Transitional Justice and Peacebuilding on the Ground: Victims and ex-combatants, edited by Chandra Lekha Sriram, Jemima García-Godos, Johanna Herman and Olga Martin-Ortega, 219-33. (New York, NY: Routledge, 2013), 222.

[46] Rodrigo Uprimny. “Paz y elegibilidad política.” El Espectador, August 20, 2016, accessed September 5, 2016, http://www.elespectador.com/opinion/paz-y-elegibilidad-politica.

[47] Rodrigo Uprimny. “El Uribismo, La Paz Y La Impunidad.” El Espectador, July 26, 2014, accessed September 5, 2016, http://www.elespectador.com/opinion/el-uribismo-paz-y-impunidad-columna-506871.

[48] Ibid.

[49] Amnesty International. COLOMBIA 2015/2016. (2016): 122-27, accessed September 5, 2016. https://www.amnesty.org/en/countries/americas/colombia/report-colombia/.

[50] Human Rights Watch. Human Rights Watch Analysis of Colombia-FARC Agreement. (2015), accessed September 5, 2016. https://www.hrw.org/news/2015/12/21/human-rights-watch-analysis-colombia-farc-agreement.

[51] Ibid.

[52] Black’s Law Dictionary, 10th ed., s. v. “Impunity.”

[53] Rome Statute of the International Criminal Court. (2002): 1. https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf.

[54] Ibid.

[55] Fatou Bensouda. “Statement of ICC Prosecutor, Fatou Bensouda, on the conclusion of the peace negotiations between the Government of Colombia and the Revolutionary Armed Forces of Colombia – People’s Army.” September 1, 2016, https://www.icc-cpi.int//Pages/item.aspx?name=160901-otp-stat-colombia

[56] Ibid.

[57] Juan Carlos Henao. Interview by José Camargo. Montreal, July 11, 2016.

[58] Jemima García-Godos and Chandra Lekha Sriram. “Introduction.” In Transitional Justice and Peacebuilding on the Ground: Victims and ex-combatants, edited by Chandra Lekha Sriram, Jemima García-Godos, Johanna Herman and Olga Martin-Ortega, 1-19. (New York, NY: Routledge, 2013), 10.

[59] Diario de las Américas. “Colombianos en el extranjero podrán votar en el plebiscito sobre acuerdos de paz.” Diario de las Américas. August 15, 2016, accessed September 5, 2016, http://www.diariolasamericas.com/florida/colombianos-el-extranjero-podran-votar-el-plebiscito-acuerdos-paz-n4100552.

[60] El Tiempo. “Las Claves Del Triunfo De Santos Y Lo Que Viene Para El Presidente.” El Tiempo, June 16, 2014, accessed September 5, 2016,http://m.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/las-claves-del-triunfo-de-santos-y-lo-que-viene-para-el-presidente/14123803.[61] El Tiempo. “El ‘sí’ por el plebiscito a la paz se vuelve a imponer en encuestas. ” El Tiempo, August 18, 2016, sccessed September 5, 2016, http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/resultados-de-encuesta-de-eltiempo-para-plebiscito-por-la-paz/16676416.

 

Trabajos Citados

Libros:

Aeschylus. The Oresteian Trilogy. Toronto, Canada: The Penguin Group, 1959.

Brants, Chrisje. “Introduction.” In Transitional Justice: Images and Memories, edited by Chrisje Brants, Antoine Hol and Dina Siegel. Burlington, VT: Ashgate Publishing Company, 2013.

Elster, Jon. Closing the Books: Transitional Justice in Historical Perspective. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2004.

García-Godos, Jemima, and Chandra Lekha Sriram. “Introduction.” In Transitional Justice and Peacebuilding on the Ground: Victims and ex-combatants, edited by Chandra Lekha Sriram, Jemima García-Godos, Johanna Herman and Olga Martin-Ortega. New York, NY: Routledge, 2013.

García-Godos, Jemima. “Colombia: Accountability and DDR in the pursuit of peace?.” In Transitional Justice and Peacebuilding on the Ground: Victims and ex-combatants, edited by Chandra Lekha Sriram, Jemima García-Godos, Johanna Herman and Olga Martin-Ortega, 219-33. New York, NY: Routledge, 2013.

GMH. ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Bogotá, Colombia: Imprenta Nacional, 2013.

Guembe, Maria José, and Helena Olea. “No Justice, No Peace: Discussion of a Legal Framework regarding the Demobilization of Non-state Armed Groups in Colombia.” In Transitional Justice in the Twenty-first Century: Beyond Truth versus Justice, edited by Naomi Roht-Arriaza and Javier Mariezcurrena, 120-42. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2006.

Roht-Arriaza, Naomi. “The new landscape of transitional justice.” In Transitional Justice in the Twenty-first Century: Beyond Truth versus Justice, edited by Naomi Roht-Arriaza and Javier Mariezcurrena, 1-16. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2006.

Acuerdo Final:

Acuerdo Final Para La Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. August 24, 2016.https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/24_08_2016acuerdofinalfinalfinal-1472094587.pdf (Accessed 5 September, 2015).

Ley:

Law 975 of 2005. Congress of the Republic of Colombia (CRC). https://www.cejil.org/sites/default/files/ley_975_de_2005_0.pdf (Accessed 5 September, 2015).

Diccionarios de Ley:

Garner, Bryan A. Garner’s Dictionary of Legal Usage. Third ed. Oxford, UK: Oxford University Press, 2011.

Garner, Bryan A. Black’s Law Dictionary. Tenth ed. St. Paul, MN: Thomson Reuters, 2014.

Artículos de Periódico:

Diario de las Américas. “Colombianos en el extranjero podrán votar en el plebiscito sobre acuerdos de paz.” Diario de las Américas. August 15, 2016. Accessed September 5, 2016.http://www.diariolasamericas.com/florida/colombianos-el-extranjero-podran-votar-el-plebiscito-acuerdos-paz-n4100552

El Tiempo. “Las Claves Del Triunfo De Santos Y Lo Que Viene Para El Presidente.” El Tiempo, June 16, 2014. Accessed September 5, 2016. http://m.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/las-claves-del-triunfo-de-santos-y-lo-que-viene-para-el-presidente/14123803.

El Tiempo. “El ‘sí’ por el plebiscito a la paz se vuelve a imponer en encuestas. ” El Tiempo, August 18, 2016. Accessed September 5, 2016.http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/resultados-de-encuesta-de-eltiempo-para-plebiscito-por-la-paz/16676416

Newman, Vivian. “Penas útiles.” El Espectador, July 29, 2016. Accessed September 5, 2016. http://www.elespectador.com/opinion/penas-utiles.

Uprimny, Rodrigo. “El Uribismo, La Paz Y La Impunidad.” El Espectador, July 26, 2014. Accessed September 5, 2016. http://www.elespectador.com/opinion/el-uribismo-paz-y-impunidad-columna-506871.

Uprimny, Rodrigo. “Paz y elegibilidad política.” El Espectador, August 20, 2016. Accessed September 5, 2016. http://www.elespectador.com/opinion/paz-y-elegibilidad-politica.

Reportes de ONGs:

Amnesty International. “COLOMBIA.” Amnesty International Report 2015/16 (2016): 122-27. Accessed September 5, 2016.https://www.amnesty.org/en/countries/americas/colombia/report-colombia/.

Human Rights Watch. “Human Rights Watch Analysis of Colombia-FARC Agreement.” (2015).   Accessed September 5, 2016. https://www.hrw.org/news/2015/12/21/human-rights-watch-analysis-colombia-farc-agreement.

International Crisis Group. On Thinner Ice: The Final Phase of Colombia’s Peace Talks. Briefing no. 32. (2015): 1-19. Accessed September 5, 2016.https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/b32-on-thinner-ice-the-final-phase-of-colombia-s-peace-talks.pdf.

International Crisis Group. Transitional Justice and Colombia’s Peace Talks. Report no. 49. (2013): 1-55. Accessed September 5, 2016.https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/transitional-justice-and-colombia-s-peace-talks.pdf.

Declaración:

Bensouda, Fatou. “Statement of ICC Prosecutor, Fatou Bensouda, on the conclusion of the peace negotiations between the Government of Colombia and the Revolutionary Armed Forces of Colombia – People’s Army.” September 1, 2016. https://www.icc-cpi.int//Pages/item.aspx?name=160901-otp-stat-colombia. (Accessed 5 September, 2015).

Estatuto:

Rome Statute of the International Criminal Court. July 1, 2002, https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf. (Accessed 5 September, 2015).

Unpublished Interview:

Henao, Juan Carlos. Interview by José Camargo. Montreal, July 11, 2016.

Páginas Web:

Gobierno de Colombia. “Mesa de conversaciones con las FARC-EP.” Alto Comisionado Para la Paz. http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Paginas/mesa-de-conversaciones-con-las-farc-ep.aspx. (Accessed 5 September, 2015).

Walen, Alec. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Summer 2015 ed., s. v. “Retributive Justice”. Stanford: The Metaphysics Research Lab, 2015.http://plato.stanford.edu/archives/sum2015/entries/justice-retributive/.

 

Trabajos Consultados

Artículos de Periódico:

Newman, Vivian. “Penas útiles.” El Espectador, July 29, 2016. Accessed September 5, 2016. http://www.elespectador.com/opinion/penas-utiles.

Leyes:

Law 975 of 2005. Congress of the Republic of Colombia (CRC). https://www.cejil.org/sites/default/files/ley_975_de_2005_0.pdf (Accessed 5 September, 2015).

Entrevistas no publicadas:

Newman, Vivian. Interview by José Camargo. Montreal, July 2016.

 

La foto es de Gloria Ortega Pérez.

La traducción es de José Camargo.

La corrección es de Ana Cristina Mejía.


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